DAVID BARROS VÉLEZ, EXALCALDE DE ARMENIA, SE ENTREGÓ A LA JUSTICIA TRAS SEIS AÑOS PRÓFUGO

 

 

David Barros Vélez, exalcalde de Armenia entre 2004 y 2007, se entregó voluntariamente a las autoridades este lunes en la ciudad de Pereira, tras permanecer prófugo durante casi seis años. Su entrega se produjo en compañía de sus abogados y bajo la garantía de la Defensoría del Pueblo, en un acto que marca un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más sonados del Quindío.

Barros Vélez fue condenado en 2019 por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, recibiendo una pena de 20 años y 3 meses de prisión, además de una multa superior a los 24.000 salarios mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos décadas.

Durante su administración, el exmandatario pasó de tener un patrimonio de $35 millones a más de $3.000 millones, según la investigación de la Fiscalía. Las autoridades identificaron movimientos financieros sospechosos en cuentas del Bank of America en Miami, donde se registraron depósitos por más de USD $450.000, y en el sistema Forex, con ingresos que superaron los USD $380.000. Estos fondos estaban vinculados a la empresa Blackman Overseas Corp., registrada en las Islas Vírgenes Británicas, considerada un paraíso fiscal.

La defensa de Barros Vélez solicitó su reclusión en el pabellón especial para exfuncionarios en la cárcel La 40 de Pereira, argumentando razones de salud y seguridad. También se espera que se tramite una acumulación jurídica de penas, con el fin de unificar las condenas que pesan en su contra.

La entrega del exalcalde ha generado diversas reacciones en el ámbito político y ciudadano. Mientras algunos sectores celebran el avance judicial como un acto de justicia, otros destacan su disposición a enfrentar los cargos que se le imputan.

Este caso revive el debate sobre la transparencia en la gestión pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los entes territoriales.

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ÁLVARO URIBE, CONDENADO A 12 AÑOS DE PRISIÓN DOMICILIARIA: EL JUICIO QUE SACUDE LA HISTORIA POLÍTICA DE COLOMBIA

 

En un fallo sin precedentes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia penal.

La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, dictó una sentencia de 1.114 páginas, en la que se establece:

• 144 meses de prisión domiciliaria (12 años)
• Multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 822.000)
• Inhabilidad por más de 8 años para ejercer funciones públicas

La jueza ordenó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, Antioquia —donde reside Uribe— expedir la boleta de encarcelación y proceder a su traslado inmediato al domicilio para cumplir la condena.

El proceso judicial se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema decidió investigar al expresidente por intentar influir en testigos a través de terceros, como el abogado Diego Cadena.

La jueza consideró probada la participación de Uribe en un esquema de sobornos a testigos como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, lo que agravó la pena.

Durante la audiencia, Uribe expresó su desacuerdo con el fallo y respaldó la solicitud de su defensa para ampliar el plazo de apelación. Su abogado, Jaime Granados, argumentó que no hubo tiempo suficiente para analizar la sentencia completa y pidió cinco días hábiles adicionales.

La apelación será presentada ante el Tribunal Superior de Bogotá antes del 19 de agosto. Si el tribunal no se pronuncia antes del 16 de octubre, el caso podría precluir, cerrando el proceso sin sanción efectiva.

La condena ha generado reacciones encontradas en todo el país. Mientras sectores celebran el fallo como un avance en la justicia colombiana, seguidores del expresidente han convocado marchas en su defensa para el próximo 7 de agosto.

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EXPEDIDA LA LICENCIA PARA CONSTRUIR EL NUEVO HOSPITAL DE FUSAGASUGÁ

 

Fusagasugá, Cundinamarca. La Gobernación de Cundinamarca recibió oficialmente la licencia de construcción que da luz verde al inicio de las obras del nuevo Hospital Regional E.S.E. San Rafael de Fusagasugá, una infraestructura moderna que promete transformar la atención médica en el Sumapaz y zonas aledañas.

La licencia fue emitida por la Curaduría Urbana No. 1 del municipio el pasado 30 de julio y entró en vigencia desde el 31 del mismo mes. El hospital será construido en el sector de Belmira, en un punto estratégico que permitirá atender no solo a Fusagasugá, sino también a poblaciones vecinas del Sumapaz, el Alto Magdalena y otras provincias de Cundinamarca.

La nueva infraestructura pasará de ofrecer 55 a más de 80 servicios de salud, incluyendo especialidades de alta complejidad como:

• Oncología
• Endocrinología
• Cirugía de cabeza y cuello
• Cirugía de tórax
• Cuidados intensivos neonatales y pediátricos

Además, contará con 150 camas hospitalarias, 7 quirófanos, 28 consultorios, y 12 unidades de cuidados intensivos (8 pediátricas y 4 neonatales).

El hospital también tendrá vocación universitaria, proyectándose como sede de una futura facultad de medicina. La Gobernación ha propuesto convertir la sede antigua del hospital en una universidad pública, abriendo nuevas oportunidades de formación para jóvenes de la región.

La administración departamental en cabeza del gobernador Jorge Emilio rey angel, junto con la Asamblea de Cundinamarca y la Alcaldía de Fusagasugá, ha reiterado su compromiso de entregar el hospital antes de finalizar el año 2027. El objetivo es garantizar atención médica digna, integral y cercana, reduciendo remisiones a Bogotá y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

 

Plan de Alivio Económico de la CSC

 

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Preguntar es el primer paso. Tomar la decisión, lo cambia todo.

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