En medio de un proceso judicial por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, renovó su residencia en Nicaragua, país donde permanece desde noviembre de 2024.
Según documentos oficiales revelados por medios nacionales, la Embajada de Colombia en Managua solicitó al gobierno nicaragüense la renovación de la residencia de González, quien obtuvo su cédula de residencia permanente el 21 de mayo de 2025. El trámite coincidió con una audiencia de imputación en Colombia, en la que se le acusó de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que González participó en la audiencia de forma virtual desde Managua, contradiciendo su declaración inicial de estar en Bogotá. La evidencia fue respaldada por análisis de direcciones IP y registros migratorios. Como resultado, se emitió una orden de captura en su contra.
El presidente Gustavo Petro “negó haber solicitado privilegios para González”, mientras que la excanciller Laura Sarabia aseguró “no haber sido informada sobre la gestión diplomática”. El caso ha generado inquietud en sectores políticos y jurídicos por la aparente falta de coordinación entre entidades del Estado.
González es señalado por presuntamente ordenar pagos irregulares a congresistas mediante contratos de carrotanques en La Guajira, como parte de un esquema de sobornos para favorecer iniciativas legislativas del gobierno. La Fiscalía continúa con el proceso, mientras se espera una eventual solicitud de extradición o activación de mecanismos internacionales.
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