VISA AMERICANA PARA COLOMBIANOS SUBIRÁ DE PRECIO EN 2025: ASÍ QUEDA EL NUEVO COSTO.

 

Bogotá D.C. — A partir del 1 de octubre de 2025, los colombianos que deseen solicitar una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberán pagar más del doble del valor actual, tras la aprobación de la ley migratoria y fiscal conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio.

¿Cuánto costará la visa?

• Valor actual: US$185 (aproximadamente $745.000 COP)
• Nueva tarifa adicional: US$250 por concepto de “Visa Integrity Fee”
• Costo total: US$435 (más de $1.700.000 COP al cambio vigente)

¿A quiénes aplica?
La nueva tarifa afectará a todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluyendo:

• Turismo (B2)
• Negocios (B1)
• Estudio (F, J, M)
• Trabajo temporal (H, L, O)
• Intercambio cultural, religiosos y atletas (J, R, P)

¿Hay posibilidad de reembolso?
Sí, pero bajo condiciones estrictas: el solicitante debe demostrar que cumplió con todas las reglas migratorias, no trabajó ilegalmente ni excedió el tiempo autorizado. Sin embargo, el mecanismo de devolución aún no ha sido reglamentado.

Impacto y críticas
Organizaciones como la Asociación de Viajes de EE. UU. han advertido que esta medida podría desincentivar el turismo legal y afectar el comercio internacional, especialmente en vísperas del Mundial 2026.

“PETRO, MADURO Y CHÁVEZ COMPARTEN UN MISMO SUEÑO”. PALABRAS DE ALFREDO SAADE, JEFE DE GABINETE COLOMBIANO.

 

¿Un mismo sueño… o un mismo modelo? Saade, Caracas y el riesgo de confundir integración con ideología

 Por Carlos Hernán Díaz

Las palabras tienen peso, sobre todo cuando provienen del corazón del gobierno. Y Alfredo Saade, jefe de gabinete presidencial, acaba de pronunciar una frase que no pasará desapercibida: “Petro, Maduro y Chávez comparten un mismo sueño”. Lo hizo en Caracas, en medio de la firma de un memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para promover una zona económica binacional. Pero más allá del protocolo diplomático, sus palabras trazan una línea ideológica que muchos consideran preocupante.

¿Es posible que el jefe de Estado colombiano comparta los sueños de Chávez, cuyo modelo político derivó en una crisis humanitaria? ¿De Maduro, que ha profundizado el autoritarismo mientras millones de venezolanos huyen del país? Saade habla del “sueño bolivariano” y de una integración estratégica, pero el riesgo está en simplificar lo que debería ser una política exterior basada en intereses comunes, no en afinidades doctrinarias.

Porque una cosa es buscar interconexión eléctrica, regulación cambiaria o acuerdos energéticos que beneficien a ambos países; y otra muy distinta es validar, simbólicamente, regímenes que han demostrado su desprecio por la prensa libre, las instituciones democráticas y las garantías sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición, figuras como María Fernanda Cabal e Ingrid Betancourt expresaron su rechazo. Pero incluso sectores moderados se preguntan si este tipo de declaraciones no terminan afectando la imagen internacional de Colombia. ¿Cómo defender la transición energética, los derechos humanos y el Estado social de derecho si al mismo tiempo se exalta un modelo que niega esos pilares?

El sueño bolivariano fue, en sus orígenes, un llamado a la unidad de los pueblos latinoamericanos. Pero en manos equivocadas se ha convertido en una pesadilla populista. Y aunque Petro tiene su propio enfoque transformador —con aciertos y errores—, equipararlo a Chávez o a Maduro es una decisión comunicativa que merece mayor reflexión.

Saade habla desde Caracas, pero los ecos resuenan en Bogotá. Porque cuando el jefe de gabinete presidencial alinea sueños sin distinguir los caminos que los construyen, el país corre el riesgo de confundir integración con ideología, pragmatismo con romanticismo, y futuro con pasado.

URIBE Y EL MINISTERIO: ¿GOBERNAR DESDE LA SOMBRA O SERVIR DESDE LA EXPERIENCIA?

 

Por Carlos Hernán Díaz

La política colombiana nunca deja de sorprender, y esta vez no es la excepción. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura central de los últimos veinte años de nuestra historia democrática, ha decidido no aspirar a la vicepresidencia en 2026, pese a que legalmente nada se lo impide. Sin embargo, esa renuncia no lo aleja del radar: el precandidato Abelardo de la Espriella ha propuesto que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, Uribe ocupe el Ministerio de Defensa.

Más que una jugada política, esta propuesta revive preguntas complejas sobre el rol de los expresidentes en el ejercicio del poder: ¿puede alguien que marcó profundamente la agenda nacional gobernar desde el segundo plano sin polarizar aún más el país? ¿Es deseable que el Ministerio encargado del control militar y la seguridad esté en manos de quien diseñó una doctrina de guerra contra las guerrillas?

De la Espriella no escatima elogios. En tono casi reverencial, lo llama “presidente” y le asigna un rol patriótico. Pero más allá del estilo, lo que plantea es una alianza simbólica entre dos proyectos de país: el del pasado que se resiste a irse, y el del presente que busca legitimarse en ese legado.

Uribe, por su parte, ha vuelto a mostrarse como víctima de persecución judicial, asegurando que no quiere “generar tensiones institucionales”. Su rechazo a la candidatura puede ser leído como prudencia… o como cálculo.

Lo que está claro es que el debate apenas comienza. Porque en una democracia sana, los cargos no pueden ser solo recompensa política ni herramienta de blindaje legal. Y el país necesita saber si el próximo gobierno será una prolongación de los viejos enfrentamientos o una etapa de renovación.