Por Carlos Hernán Díaz
La política colombiana nunca deja de sorprender, y esta vez no es la excepción. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura central de los últimos veinte años de nuestra historia democrática, ha decidido no aspirar a la vicepresidencia en 2026, pese a que legalmente nada se lo impide. Sin embargo, esa renuncia no lo aleja del radar: el precandidato Abelardo de la Espriella ha propuesto que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, Uribe ocupe el Ministerio de Defensa.
Más que una jugada política, esta propuesta revive preguntas complejas sobre el rol de los expresidentes en el ejercicio del poder: ¿puede alguien que marcó profundamente la agenda nacional gobernar desde el segundo plano sin polarizar aún más el país? ¿Es deseable que el Ministerio encargado del control militar y la seguridad esté en manos de quien diseñó una doctrina de guerra contra las guerrillas?
De la Espriella no escatima elogios. En tono casi reverencial, lo llama “presidente” y le asigna un rol patriótico. Pero más allá del estilo, lo que plantea es una alianza simbólica entre dos proyectos de país: el del pasado que se resiste a irse, y el del presente que busca legitimarse en ese legado.
Uribe, por su parte, ha vuelto a mostrarse como víctima de persecución judicial, asegurando que no quiere “generar tensiones institucionales”. Su rechazo a la candidatura puede ser leído como prudencia… o como cálculo.
Lo que está claro es que el debate apenas comienza. Porque en una democracia sana, los cargos no pueden ser solo recompensa política ni herramienta de blindaje legal. Y el país necesita saber si el próximo gobierno será una prolongación de los viejos enfrentamientos o una etapa de renovación.
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