Borrador del proyecto de MinJusticia que modifica la política criminal de Colombia
Bogotá D.C. — El Ministerio de Justicia tiene listo el borrador del proyecto de ley que será presentado al Congreso en los próximos días, con el objetivo de fortalecer la estrategia de Paz Total en la recta final del gobierno Petro. La iniciativa propone una modificación expresa al sistema de Justicia y Paz, ampliando su aplicación a grupos y bandas criminales organizadas, incluidos reincidentes y excluidos de acuerdos anteriores.
¿Quiénes podrían acogerse?
El proyecto contempla la inclusión de:
- Miembros de disidencias de las FARC y del Clan del Golfo que se apartaron del sistema de Justicia y Paz
- Terceros civiles que hayan colaborado con estructuras armadas
- Agentes del Estado vinculados a actividades ilegales
Una vez individualizados por la Fiscalía, los postulados tendrán 20 días para decidir si se acogen al nuevo sistema especial.
Condiciones para el sometimiento
Los aspirantes deberán cumplir con requisitos como:
- Desmovilización voluntaria
- Entrega de bienes y armas
- Liberación de menores reclutados
- Aportes a la verdad ante el sistema judicial
El proyecto permite que los postulados conserven hasta el 12% de los bienes entregados de forma individual.
Penas diferenciadas
El borrador plantea un régimen penal especial con penas reducidas:
- 5 a 8 años para dirigentes y responsables de crímenes graves
- 2 a 5 años para miembros sin capacidad de decisión
- Terminación anticipada para delitos de mera pertenencia, como concierto para delinquir o rebelión
Controversia institucional
La Corte Suprema de Justicia emitió un voto desfavorable, señalando que el proyecto carece de discusión suficiente, claridad operativa y justificación fiscal. Además, diversos sectores políticos han advertido que la iniciativa podría representar una amnistía encubierta, debilitando el sistema penal y los derechos de las víctimas.
Radicación legislativa
El ministro Eduardo Montealegre anunció que el proyecto será radicado después del 20 de julio, incorporando observaciones del Consejo Superior de Política Criminal y otros actores institucionales.
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